El gobierno federal en Mexico, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), anunció que de los 25 nuevos albergues migratorios planeados en los estados fronterizos del país son el esfuerzo del Gobierno Federal por atender de manera más eficiente las deportaciones, que según amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se presumen masivas para el 2025.
Esta infraestructura podría albergar hasta 2 mil 500 personas, como parte de la estrategia nacional para garantizar condiciones dignas , seguras y fortalecer el control migratorio.
Recientemente, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez sostuvo reuniones con los gobernadores de estados fronterizos
Samuel García, de Nuevo León; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora; Américo Villarreal, de Tamaulipas; y Manolo Jiménez, de Coahuila.
Tambiénpresentes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla, entre otros.
Se enfatizó la necesidad de una coordinación efectiva en materia migratoria.
“Trabajamos de forma coordinada en materia migratoria en beneficio de nuestros connacionales”, afirmó la secretaria en sus redes sociales.
Además, la titular de la Segob ha reiterado que México no se convertirá en un tercer país seguro para Estados Unidos. “De ninguna manera”, subrayó Rodríguez, asegurando que el gobierno federal cuenta con una estrategia de recepción ante la inminente repatriación de mexicanos desde el país vecino.
Relevancia local
En Coahuila, las comunidades locales sienten el impacto de las migración, desde el uso de infraestructura pública hasta tensiones sociales. Esta albergues ayudarían, y no solo aliviarán la presión en la región, sino que también mejorarán las condiciones para las comunidades fronterizas, que a menudo enfrentan desafíos asociados a la movilidad humana.
Coahuila, con su ubicación estratégica y relativa seguridad, se ha convertido en un corredor clave para quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos. Los nuevos albergues no solo responde a las recomendaciones de la CNDH, sino también a las demandas de las comunidades locales, que piden una gestión migratoria más eficiente y ordenada.
Se espera que estos avances sean un paso hacia una política migratoria que prioriza la dignidad humana, alineada con las necesidades de las comunidades fronterizas y las realidades migratorias de la región.
