Ante la próxima toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y sus declaraciones sobre un incremento en los retornos forzados, las autoridades de Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas, refuerzan su coordinación para enfrentar los posibles desafíos humanitarios y migratorios que podrían surgir en esta región fronteriza.
El alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez, se reunió con Pete Beattie, director de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Eagle Pass, con el objetivo de diseñar estrategias conjuntas que garanticen el flujo constante en los cruces internacionales y prevenir posibles interrupciones en los puentes internacionales.
“Estamos trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado y las autoridades federales para estar preparados y brindar asistencia a las personas retornadas,” declaró Rodríguez, subrayando la importancia de una comunicación efectiva entre ambos lados de la frontera.
La ciudad de Piedras Negras expresa su preocupación ante la posible llegada de personas retornadas desde Estados Unidos, un fenómeno que, en grandes números, podría saturar los servicios de asistencia. El alcalde señala que aún se desconoce si serán connacionales o de otros países, pero lo seguro es que no se cuenta con recursos suficientes para atender un escenario de gran escala, por lo que están gestionando apoyos con los gobiernos federal y estatal.
Entre las estrategias discutidas se incluye la canalización de personas a albergues ubicados a 100 kilómetros de la frontera, como en la localidad de Sabinas, para ofrecer condiciones de seguridad y atención humanitaria más adecuadas.
Por otro lado, Eagle Pass toma medidas ante esta posible contingencia. La Guardia Nacional de Texas incrementa la seguridad en el río Bravo, extendiendo barreras físicas para desalentar cruces irregulares y reforzar su infraestructura fronteriza.
Cabe recordad que, en diciembre de 2024, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para facilitar el retorno seguro y ordenado de personas migrantes desde ciudades fronterizas mexicanas hacia sus países de origen, con el objetivo de mitigar la presión migratoria en la región.
Si bien algunos sectores consideran que estas medidas fortalecerán el control y la seguridad fronteriza, organizaciones defensoras de derechos humanos señalan los riesgos asociados con los retornos forzados, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos, la reunificación familiar y las condiciones adversas en las comunidades receptoras.
Por ello, se observará que las autoridades equilibren la seguridad fronteriza con un enfoque de derechos humanos, priorizando el bienestar de las personas en situación de movilidad.
