Diputado Manzanilla Téllez (PT) impulsa reforma al Código Penal Federal para castigar el hurto y comercialización ilegal del recurso hídrico
Palacio Legislativo de San Lázaro, 08 de febrero de 2025 – En un esfuerzo por frenar el robo de agua potable y su venta clandestina a través de pipas, el diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal. La propuesta busca imponer penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de cien a mil días de UMA a quienes sustraigan, exploten, transporten o comercialicen agua potable alterando la infraestructura hidráulica sin autorización.
Asimismo, la iniciativa contempla penas más severas, de seis a doce años de prisión y multas de doscientos a dos mil días de UMA, cuando el líquido se distribuya mediante pipas u otros métodos con fines de lucro. En caso de que estas prácticas sean realizadas por servidores públicos, la sanción se duplicará.
Un problema urgente: robo de agua y venta clandestina
La propuesta, actualmente en análisis en la Comisión de Justicia, destaca que el mercado negro del agua agrava la crisis hídrica en diversas zonas del país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 10% de los hogares en México no tienen acceso directo al agua potable, especialmente en regiones áridas como Sonora, Chihuahua y Baja California.
Además, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al menos el 40% del agua suministrada en la Ciudad de México y el Estado de México se pierde o es desviada de manera irregular, lo que incluye fugas y tomas ilegales. La iniciativa advierte que grupos clandestinos se aprovechan de esta escasez para vender agua sustraída de manera ilícita a precios de entre 800 y 2,000 pesos por tanque.
Impacto social, económico y ambiental
El robo y venta ilegal de agua no solo genera desigualdad en el acceso al recurso, sino que también afecta la sostenibilidad hídrica y reduce la capacidad de inversión de los gobiernos en infraestructura de distribución. Al no existir una tipificación federal de este delito, el fenómeno sigue proliferando en diversas regiones del país, a pesar de las regulaciones locales en algunas entidades.
Manzanilla Téllez subraya la urgencia de legislar a nivel nacional para combatir este problema, proteger a la ciudadanía y garantizar una distribución justa del agua en México.
