La nueva regla exige que los inmigrantes no registrados se inscriban en un plazo de 30 días desde su entrada ilegal, bajo riesgo de multas y penas de cárcel, en una medida que promete transformar la política migratoria.
USA-A partir del 11 de abril de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) pondrá en vigor una normativa que obliga a todos los extranjeros que se encuentren viviendo en el país sin registro oficial a inscribirse ante las autoridades migratorias. Según el anuncio oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aquellos que ingresaron ilegalmente deberán completar el registro en un plazo máximo de 30 días desde su entrada, enfrentándose a sanciones penales, multas e incluso penas de cárcel si no lo hacen. Esta medida, presentada como parte de la campaña “Making America Safe Again”, genera fuertes reacciones y preocupaciones tanto en la comunidad inmigrante como en los defensores de los derechos humanos.
La regla establece lo siguiente:
• Obligatoriedad del Registro: Todos los extranjeros no ciudadanos que residan en EE. UU. y no estén registrados deben inscribirse ante el USCIS.
• Plazo de 30 Días: El registro debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la entrada ilegal al país.
• Sanciones Severas: La omisión del registro conllevará multas significativas y cargos penales, incluyendo posibles penas de cárcel.
• Objetivo de la Medida: El DHS argumenta que esta norma busca reforzar la seguridad nacional y mejorar la administración migratoria, garantizando que cada residente se encuentre debidamente identificado ante el gobierno federal.
La información oficial se encuentra disponible en el sitio web del DHS, donde se detalla el proceso y las implicaciones legales para quienes no cumplan con la nueva disposición.
La implementación de esta norma ha desatado diversas reacciones:
• Preocupación en la Comunidad Inmigrante: Organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos de inmigrantes advierten que la medida podría incrementar la vulnerabilidad de miles de personas. Muchos temen que un plazo tan corto para el registro pueda dificultar el acceso a asesoría legal y agravar la situación de quienes ya viven en la clandestinidad.
• Impacto en el Acceso a Servicios: Expertos en derecho migratorio señalan que la falta de registro no solo pone en riesgo la libertad de los inmigrantes, sino que también puede limitar su acceso a servicios básicos, atención médica y oportunidades de regularización.
• Defensa del Gobierno: Funcionarios del DHS y partidarios de la medida sostienen que la norma es necesaria para modernizar el sistema migratorio y asegurar que todas las personas que residen en el país sean identificadas y puedan ser monitoreadas para fines de seguridad nacional.
Implicaciones para la Comunidad y Perspectivas Futuras
Esta nueva norma marca un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos. Entre las implicaciones destacan:
• Transformación del Sistema Migratorio: La regla podría ser un precedente para futuras políticas destinadas a regular y controlar de manera más estricta la presencia de inmigrantes no registrados.
• Desafíos para la Regularización: El corto plazo de 30 días exige que los afectados busquen asesoría legal de forma inmediata, lo que podría saturar a las organizaciones de derechos de los inmigrantes y generar procesos legales complejos.
• Debate Público y Político: La medida seguramente se convertirá en un tema central de debate tanto en medios de comunicación como en foros políticos, donde se discutirán sus efectos a corto y largo plazo sobre la seguridad y los derechos civiles en EE. UU.
La entrada en vigor de esta normativa el 11 de abril de 2025 representa una transformación significativa en el panorama migratorio estadounidense. Mientras el gobierno defiende la medida como esencial para garantizar la seguridad y modernizar el sistema, numerosos actores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos alertan sobre las posibles consecuencias negativas para la comunidad inmigrante. En este contexto, es fundamental que quienes se vean afectados busquen asesoría legal y se informen a través de fuentes oficiales para conocer sus derechos y las alternativas disponibles.
