Monclova, Coahuila – En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas asegura que la selección de jueces y magistrados locales se llevó a cabo con filtros de carrera y “cero tolerancia” a vínculos criminales, mientras a nivel federal el senador Gerardo Fernández Noroña y el INE debaten la validez de candidaturas con presuntos nexos al narco, y la Asociación Nacional de Magistrados (JUFED) advierte sobre el riesgo de politización del Poder Judicial.
Blindaje estatal
Coahuila homologó la reforma constitucional para elección judicial incluyendo, según su gobernador, “filtros” que impidieron la inscripción de aspirantes con antecedentes delictivos. Manolo Jiménez Salinas afirmó que el proceso estuvo “blindado al cien por ciento” y negó que existieran “ventanas” para la participación de personas unidas al crimen organizado. En contraste con la estrategia federal de “abrazos, no balazos”, el mandatario priista defendió una postura “tajante y determinante” contra grupos delictivos.
Denuncias de Fernández Noroña
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña (Morena), declaró que entre los más de 3,400 aspirantes a jueces y magistrados federales hay al menos 20 perfiles con presuntos vínculos al narco, a quienes se busca impugnar antes de la elección del 1 de junio de 2025. Noroña argumenta que no tiene sentido esperar al fallo electoral para retirar candidaturas problemáticas.
Filtros del INE
El Instituto Nacional Electoral aprobó un nuevo mecanismo para detectar delitos —desde violencia familiar hasta vínculos con crimen organizado— en los perfiles de candidatos judiciales, aunque podrá sólo anular triunfos tras la votación, el 15 de junio. Esta medida ha sido criticada por vulnerar la presunción de inocencia, según la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
El PRI de Jiménez Salinas se presenta como garante de un proceso impecable, en tanto que Morena se deslinda al evidenciar grietas en su propia reforma.
Este choque de narrativas ocurre en un contexto de alta conflictividad regional —Coahuila colinda con zonas como Tamaulipas— donde la credibilidad de las instituciones es clave para la gobernabilidad.
Reacciones del Poder Judicial
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) condenó las declaraciones de Fernández Noroña, al considerar que confirman un “desmantelamiento” del Poder Judicial y una entrega de la justicia a “grupos de poder”. JUFED hizo un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos para vigilar el impacto de la reforma y garantizar la independencia judicial.
Próximos pasos
• Transparencia activa: Coahuila debe publicar los protocolos de evaluación de antecedentes y controles financieros aplicados a sus aspirantes judiciales, para pasar de la retórica al hecho verificable.
• Supervisión federal-estatal: El INE y el Tribunal Electoral (TEPJF) cuentan con instrumentos para anular candidaturas con delitos comprobados; su actuación será decisiva tras la elección del 1 de junio.
• Vigilancia ciudadana: Comités de Participación Social y organizaciones civiles deben dar seguimiento al desempeño de los jueces electos y exigir rendición de cuentas continua.
El verdadero blindaje del Poder Judicial no radica sólo en filtros iniciales, sino en la capacidad de las instituciones y la sociedad para sostener la independencia y la integridad de los juzgadores frente a presiones criminales y políticas.
