El 11 de diciembre de 2024 se realizan los foros para discutir la Reforma Judicial en Coahuila con el evento Conversatorio Estatal: La Reforma Judicial en Coahuila. Este proceso busca adaptar la legislación estatal a los lineamientos de la reforma judicial federal aprobada a principios de este año. El Congreso estatal tiene hasta marzo de 2025 para culminar con estas adecuaciones, las cuales pretenden transformar profundamente el sistema judicial local.
Contexto Nacional y Necesidades Estatales
La reforma judicial federal de 2024 plantea cambios estructurales significativos, como la elección popular de jueces y magistrados, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, y el fortalecimiento de la carrera judicial con enfoque en paridad de género. Estos ajustes requieren no solo cambios legislativos, sino también una revisión profunda de la infraestructura operativa y los recursos del sistema judicial estatal.
En Coahuila, esta reforma ha sido vista como una oportunidad para democratizar el acceso a la justicia y garantizar mayor transparencia, pero también enfrenta retos como la prevención de influencias externas en los procesos electorales y la asignación adecuada de recursos financieros para la reestructuración.
Avances en Coahuila: Infraestructura y Diálogo
Durante el conversatorio, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup, destacó avances como la construcción de la Ciudad Judicial en Arteaga, que estará operativa en enero de 2025. Este espacio centralizará servicios judiciales y reducirá los tiempos en la resolución de casos, marcando un hito en la modernización de la infraestructura judicial en el estado.
Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno, subrayó que la implementación de la reforma requiere un diálogo abierto con todos los sectores sociales, desde universidades hasta asociaciones de abogados y cámaras empresariales. Además, destacó la importancia de que estas modificaciones no se limiten al cumplimiento legal, sino que transformen las instituciones para recuperar la confianza ciudadana.
Retos: Logística, Recursos y Transparencia
Uno de los desafíos más significativos radica en la logística de la elección popular de jueces y magistrados. Aunque democratizar el proceso es un objetivo loable, garantizar su integridad será crucial, especialmente frente a posibles intervenciones de intereses externos, como el crimen organizado. Asimismo, los recursos financieros necesarios para indemnizaciones y reorganización estructural —estimados en 200 millones de pesos— representan un obstáculo para el presupuesto estatal.
Otro aspecto a considerar es la capacitación de los nuevos funcionarios judiciales bajo el principio de paridad de género, así como la implementación de sistemas de transparencia que permitan una rendición de cuentas eficaz ante la ciudadanía.
Próximos Foros y Participación Ciudadana
Aunque aún no se han confirmado las fechas para los siguientes foros, estos serán clave para recoger las propuestas de especialistas y de la sociedad civil. Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, afirmó que se priorizará un enfoque integral para fortalecer tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio Público.
El plazo para completar la reforma estatal vence el 15 de marzo de 2025, lo que da un marco temporal ajustado para consensuar las modificaciones legales y las leyes secundarias correspondientes.
La Reforma Judicial en Coahuila presenta una oportunidad única para avanzar hacia un sistema más inclusivo, transparente y eficiente. Sin embargo, lograr este objetivo dependerá de la capacidad de las autoridades para superar los retos logísticos, financieros y estructurales que conlleva su implementación.
La colaboración entre los tres poderes del estado, junto con la participación activa de la ciudadanía, será fundamental para que estas reformas no solo cumplan con los mandatos federales, sino que también respondan a las demandas de justicia de la sociedad coahuilense.
