Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de Mexico -En el marco de un año declarado “Año de la Mujer Indígena”, la Cámara de Diputados se vio inmersa en una sesión de gran trascendencia jurídica y política. El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) presentó un dictamen que, basándose en el expediente LXVI/HCD/DP/02/2025, rechaza la solicitud de retirar el fuero constitucional al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual diputado federal.
Flores Cervantes fundamentó su posición en el estricto cumplimiento del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. En su exposición, resaltó que:
• Exigencia de una investigación completa: La Sección Instructora tiene la obligación de analizar minuciosamente si se cumplen los requisitos de admisibilidad para proceder penalmente contra un servidor público.
• Deficiencias en la carpeta de investigación: Según el diputado, la evidencia presentada se basa únicamente en dos dictámenes periciales en psicología, cuyos resultados son contradictorios. Uno de ellos descartaba el daño psicológico derivado de un delito sexual, mientras que el otro indicaba lo contrario. Esta inconsistencia, sumada a la ausencia de diligencias técnicas –como la inspección ocular o la intervención de peritos especializados en criminalística–, demuestra que la investigación no alcanzó el rigor necesario para fundamentar un procedimiento penal.
Además, Flores Cervantes hizo hincapié en que la investigación no respetó el protocolo establecido para el manejo de denuncias de delitos sexuales con perspectiva de género, lo que vulnera estándares fundamentales y pone en riesgo los derechos de la víctima. La posición del diputado no es un mero formalismo legal, sino una defensa activa del derecho a una investigación técnica, objetiva y respetuosa de los derechos humanos.
Controversia y Debate en el Pleno
La sesión también fue escenario de un marcado desacuerdo. El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) presentó una moción suspensiva, argumentando que el dictamen vulneraba la relación jurídico-procesal al ignorar solicitudes previas y otros elementos de la investigación. Sin embargo, en una votación económica, el Pleno rechazó esta moción, reafirmando que la Cámara de Diputados debe actuar únicamente cuando se cuente con una base probatoria sólida y respetuosa de los derechos fundamentales.
Este enfrentamiento destaca la importancia de distinguir entre el rol legislativo y el de las autoridades investigativas. Como afirmó Flores Cervantes, la Cámara no posee facultades de investigación propias –no es Ministerio Público ni fiscal– y, por ello, no debe avalar procedimientos basados en investigaciones defectuosas o incompletas.
Implicaciones y Relevancia del Dictamen
La decisión tomada sienta un precedente crucial en el ejercicio de la función legislativa:
• Protección de los derechos humanos: Al exigir investigaciones completas y rigurosas, se salvaguardan los derechos de las víctimas y se previene la impunidad.
• Claridad en el rol institucional: El dictamen refuerza que el análisis legislativo debe basarse en criterios técnicos y jurídicos, evitando caer en decisiones motivadas por intereses políticos o personales.
• Transparencia y rendición de cuentas: Este enfoque busca garantizar que, en futuros casos que involucren a servidores públicos, la evidencia y el proceso investigativo sean lo suficientemente sólidos como para respaldar cualquier acción penal.
En resumen, el dictamen de la Sección Instructora, presentado por el diputado Flores Cervantes, no solo rechaza una investigación deficiente, sino que también invita a un replanteamiento de los mecanismos de rendición de cuentas y la necesidad de protocolos adecuados en investigaciones de carácter sensible. Este episodio subraya la importancia de mantener un equilibrio entre la función legislativa y la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, marcando un antes y un después en la forma en que se abordarán futuros procedimientos en el Congreso.
