En un ambicioso proyecto que refuerza la cooperación internacional, ACNUR y la embajada de Japón en México anunciaron una iniciativa para promover la integración socioeconómica de 5,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo. Con un financiamiento de 3.5 millones de dólares por parte del gobierno japonés, la propuesta se implementará entre marzo de 2025 y febrero de 2026, enfocándose principalmente en las regiones de El Bajío y Nuevo León, donde la infraestructura y la presencia de empresas japonesas favorecen la integración laboral y social.
Tras reunión en oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Aureny Aguirre, directora general de Estrategia Multilateral de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, destacó la importancia de asegurar a las personas refugiadas el pleno disfrute de sus derechos fundamentales, como el acceso a educación, salud, documentación y oportunidades de empleo. “Garantizar estos servicios es esencial para que quienes han tenido que abandonar sus hogares puedan reiniciar sus vidas con dignidad y paz”, afirmó Aguirre.
El proyecto forma parte del Programa de Integración Local (PIL) de ACNUR, el cual ha permitido, desde 2016, que más de 50,000 refugiados reconstruyan sus vidas en México, generando beneficios económicos y sociales significativos. Esta nueva iniciativa no solo busca ampliar esas oportunidades, sino también prestar especial atención a la inclusión de mujeres jefas de familia y a la integración de niños y adolescentes en actividades educativas, deportivas y culturales, incluyendo el acceso a servicios de cuidado infantil.
El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, subrayó la relevancia de la alianza entre ambos países para enfrentar los retos que implican los crecientes flujos migratorios. “La solidaridad internacional es clave para construir comunidades inclusivas y sostenibles. Este proyecto marcará un antes y un después en la integración de personas refugiadas en nuestro país”, destacó Honsei.
Con esta iniciativa, México reafirma su compromiso de promover la cohesión social y reducir la vulnerabilidad de los refugiados, facilitando su traslado a zonas con mayores oportunidades de empleo y acceso a servicios esenciales. La cooperación entre gobiernos, sector privado y sociedad civil se presenta como un modelo a seguir para enfrentar los desafíos globales actuales.
