Este domingo 30 de marzo inicia en México un proceso electoral sin precedentes: la elección popular de quienes integrarán el Poder Judicial. Durante los próximos 60 días, hasta el 28 de mayo, la ciudadanía tendrá la oportunidad de decidir directamente a las personas que ocuparán cargos clave en el sistema judicial. En este proceso, se postulan más de 3,400 candidatos para competir por 881 cargos judiciales, entre los cuales se encuentran puestos de jueces, magistrados y ministros. Entre estos cargos destacan, por ejemplo, nueve de los once asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de posiciones en tribunales colegiados y juzgados de distrito, entre otros.
El Instituto Nacional Electoral (INE) define las campañas como “el conjunto de actividades que realizan las personas candidatas a juzgadoras y sus simpatizantes, cuyo propósito es difundir la trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia”. Con este nuevo mecanismo, se busca que el electorado conozca a fondo a quienes aspiran a interpretar y aplicar la ley, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito judicial.
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Uno de los aspectos innovadores y responsables de este proceso es el compromiso ambiental. Durante la campaña, la propaganda electoral deberá imprimirse en papel reciclable y utilizar materiales biodegradables, evitando sustancias tóxicas para la salud y el medio ambiente. Además, estas piezas publicitarias deberán retirarse días antes de la jornada electoral, asegurando una comunicación sustentable y libre de impactos negativos a largo plazo.
La dinámica de esta elección también se ve marcada por regulaciones estrictas que garantizan la equidad y la imparcialidad del proceso. Se prohíbe el uso de recursos públicos o privados para la promoción masiva en medios de comunicación, lo que refuerza el objetivo de que el foco esté en la trayectoria y las propuestas de los candidatos, en lugar de en grandes campañas publicitarias.
Este proceso representa un cambio significativo en la forma de elegir a los encargados de impartir justicia. Al conferir al electorado la facultad de decidir directamente quiénes serán los guardianes del sistema judicial, se espera una mayor participación ciudadana y una renovación en la confianza de las instituciones democráticas, haciendo de la Elección Judicial un laboratorio de innovación política y sustentable.
