En las últimas semanas, México se estremeció ante el hallazgo de múltiples sitios clandestinos vinculados al crimen organizado. Desde el oeste, en Jalisco, hasta el norte en Tamaulipas, colectivos ciudadanos denuncian campos de exterminio y crematorios que forman parte de un sistema estructurado de desapariciones forzadas, reclutamiento violento y asesinatos en masa. Estos descubrimientos encendieron la furia de familias de desaparecidos, organizaciones de derechos humanos y de una sociedad que clama por justicia y respuestas.
Un Campo de Exterminio en Jalisco: Dolor, Miedo y Rechazo Social
En Teuchitlán, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró en el Rancho Izaguirre un escenario que funcionaba como centro de exterminio y adiestramiento para jóvenes reclutados de manera forzada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los elementos hallados destacan:
• Tres hornos crematorios ocultos, enterrados bajo gruesas capas de tierra y una losa de concreto, diseñados para incinerar restos humanos de forma sistemática.
• Más de 200 pares de zapatos, junto a ropa, mochilas, identificaciones y otros objetos personales, que son testimonio del dolor de innumerables víctimas.
• Listas con apodos, que, según denuncian los activistas, fueron utilizadas para deshumanizar y ocultar la identidad de quienes fueron secuestrados.
La líder del colectivo, Edith González, manifestó que “casi todos los fines de semana se descubre un sitio clandestino”, criticando la reiterada inacción de las autoridades, quienes, a pesar de haber inspeccionado el lugar en septiembre pasado, permitieron que los criminales continuaran utilizando el predio. Este corredor, que abarca desde áreas rurales hasta zonas próximas a la capital estatal, evidencia la sistematicidad de estas operaciones y su impacto en la seguridad y el tejido social.
Territorio de Miedo: Fosas Clandestinas en Tamaulipas y Otras Regiones
El horror no se limita a Jalisco. En Reynosa, Tamaulipas, el colectivo Amor por los Desaparecidos descubrió otro “campo de exterminio”, donde se identificaron 14 montículos con restos humanos calcinados y objetos personales dispersos. Esta táctica, que consiste en enterrar o incinerar cuerpos para ocultar crímenes, es recurrente en diversas regiones del país. Hallazgos similares se han reportado en Tlajomulco y Zapopan, y hasta en Chihuahua y Ciudad de México, lo que pone de relieve una realidad nacional: se estima que en Jalisco se registran casi 15,000 casos de desapariciones y, a nivel nacional, los desaparecidos superan los 100,000.
La ausencia de datos actualizados y la falta de coordinación entre las autoridades agravan la crisis, mientras los colectivos de familiares continúan sus búsquedas en un contexto de dolor y desconfianza.
Reacción Estatal y Movilización Ciudadana
El impacto social de estos descubrimientos ha forzado una respuesta por parte de las autoridades. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “terrible” el hallazgo en Teuchitlán y anunció investigaciones a nivel estatal, con la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en el caso. Además, el fiscal general Alejandro Gertz informó sobre la apertura de una investigación para esclarecer las fallas en las pesquisas de la Fiscalía de Jalisco, la cual no impidió que el predio siguiera en uso criminal.
La indignación se ha extendido a organizaciones civiles y colectivos de familiares de desaparecidos, quienes exigen:
• Investigaciones independientes y exhaustivas que permitan identificar a los responsables, incluidas posibles omisiones o complicidades de funcionarios.
• Identificación y restitución de los restos de las víctimas a sus familias.
• Medidas de protección para los buscadores, quienes arriesgan su vida en la lucha por la verdad y la justicia.
Cada hallazgo trasciende las cifras oficiales y se convierte en el reflejo de vidas truncadas, dejando a comunidades enteras marcadas por el miedo y la incertidumbre.
Una Herida Abierta en la Sociedad Mexicana
México lleva décadas lidiando con la desaparición forzada, un flagelo que alcanzó notoriedad internacional con el caso de Ayotzinapa. Sin embargo, la proliferación de fosas y crematorios clandestinos revela un sistema en el que el crimen organizado opera en complicidad con estructuras estatales débiles o corruptas. Los modus operandi —reclutamiento forzado, tortura y asesinatos— se han normalizado, generando un clima de terror donde las víctimas se reducen a números en bases de datos fragmentadas y opacas.
El reciente hallazgo de 200 pares de zapatos en un crematorio simboliza la magnitud de la tragedia: cada par es un grito silente de una vida perdida, de una familia destrozada y de un país que lucha por salir de la sombra de la impunidad.
La aparición de fosas clandestinas y crematorios en México no solo es una muestra de la violencia desmedida, sino también un reflejo de la profunda crisis social que atraviesa el país. Ante un panorama en el que la inacción y la complicidad parecen predominar, la sociedad exige una respuesta decidida y coordinada que restituya la dignidad a las comunidades afectadas. La verdad, la justicia y la reparación integral son los pilares imprescindibles para devolver la esperanza a miles de familias que aún claman por sus seres queridos.
